Un 36,9 por ciento de ordenadores domésticos españoles alberga troyanos, y la mitad de los usuarios de estos equipos no sabe que están infectados, según indica el último informe del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO): `Seguridad de la información y la e-confianza de los hogares españoles´.
La investigación se ha basado en la opinión de más de 3.500 hogares internautas y más de 6.000 auditorías remotas de seguridad a ordenadores domésticos. Una de sus principales conclusiones es que más del 27 por ciento de los usuarios afirma realizar de forma consciente alguna práctica de riesgo cuando navega por Internet, como descargar archivos sospechosos y abrir páginas o enlaces no seguros. Mientras que el 20 por ciento declaró haber tenido problemas relacionados con virus informáticos y troyanos, el contraste con las auditorías remotas reveló que son realmente el 45 por ciento de los ordenadores domésticos los que alojan algún tipo de código malicioso, y en el 36,9 por ciento del total de los equipos auditados se trataba de troyanos. Esto indica que la mitad de los usuarios que aloja algún tipo de malware lo desconoce.
Por otro lado, el uso de medidas de seguridad informática ha aumentado en los últimos cinco años. Nueve de cada diez usuarios utilizan algún tipo de programa antivirus, y han crecido también los hábitos de seguridad a la hora de realizar compras o gestiones bancarias on-line, tales como teclear la dirección web del banco o tenerla almacenada como favorita. De este modo se evita que alguien pueda suplantar la página original y robar las claves de los usuarios. En las redes sociales, cada vez más personas restringen el acceso a su información, y solo un 8,3 por ciento mantiene su perfil accesible para todo el mundo. A pesar de ello, un 5,6 por ciento de los usuarios declara haber sido víctima de suplantación de identidad.
Por otro lado, la mayoría de los ciudadanos encuestados opina que la Administración debería implicarse más en aspectos relacionados con la seguridad en Internet, mediante la facilitación de herramientas gratuitas, una vigilancia más cercana de lo que ocurre en la red y la adaptación de la legislación para abarcar los nuevos delitos tecnológicos.
